“Queremos que si hay tráfico y lentitud que la sufran todos por igual; y que si hay fluidez que la disfruten todos por igual, no queremos unos sectores más favorecidos que otros”, dijo el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sidney Blanco.
En cuestión sobre la medida cautelar que el pasado 8 de mayo la Sala de lo constitucional decretara sobre el uso del carril segregado del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).
La discusión sobre la pertinencia de esta medida se ha partidizado rápidamente. El gobierno del FMLN, en una pugna de larga data con la Sala, alega que es una decisión arbitraria de los magistrados y que va en detrimento de la mayoría. Pero la resolución plantea lo contrario. Los magistrados consideran que “la segregación y restricción de uso del carril segregado implica un gravamen continuo sobre la libertad de circulación del conglomerado”. Por eso acordaron que a partir de este jueves 11 de mayo, la red vial, antes destinada para uso exclusivo de los buses articulados, queda abierto para el uso generalizado de los conductores.
“Esta no sería la primera ocasión en la que funcionarios exhortan a la población a no obedecer una decisión de juez. Creo que todavía no se comprende el funcionamiento en Estado de Derecho… No es prudente que el propio gobierno o determinados funcionarios inviten a la desobediencia de una decisión de esta naturaleza, es una mala señal, es la provocación al desorden”, dijo el constitucionalista en radio Cadena Mi Gente.
La batalla por la constitucionalidad del SITRAMSS engloba otro problema que la Sala reconoce con lucidez en su sentencia: la movilidad vehicular en San Salvador. “Es un hecho notorio y evidente que la organización del tráfico vehicular en el área metropolitana de San Salvador constituye uno de los grandes problemas históricamente no resueltos”, dice la resolución. Los magistrados agregan que el tráfico afecta el diario vivir de los salvadoreños en “la economía, las actividades laborales y estudiantiles ordinarias, la salud mental, la seguridad ciudadana y el orden básico de una sociedad”.
¿Quienes decidirán si la concesión del SITRAMSS es constitucional?
Los cuatro magistrados firmantes convocaron a los suplentes: Carlos Sergio Avilés Velásquez, Sonia Dinora Barillas de Segovia, Celina Escolán Suay y Martín Rogel Zepeda. Los suplentes decidirán si es procedente la recusación que pidió la Presidencia. Si así lo deciden, es esta Sala de suplentes quién se pronunciará sobre el fondo de la materia. Además, tendrían el poder de mantener o desechar la medida cautelar que habilita el uso del carril a partir del pasado jueves 11. Si los suplentes desestiman la recusación, los titulares volverán a examinar este proceso.
La Sala afirma que todavía puede tomar decisiones sobre el caso, porque no hay una decisión final sobre su exclusión del proceso, a pedido de la Presidencia. Entonces, los magistrados acordaron emitir primero la resolución, decretar la apertura del carril, nombrar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) como “tercero interviniente” y dejar a cargo a los suplentes.
Los magistrados también podrían haber hecho todo lo contrario: convocar a los suplentes, esperar a ser notificados de su separación del proceso, no emitir ninguna medida cautelar y omitir la inclusión del MOP en el proceso.
¿Qué significa la resolución de la Sala sobre el Sitramss? https://t.co/yHC5oEPMv6 pic.twitter.com/PZ0wTAHCL5
— RadioCadena Mi Gente (@MiGente700AM) May 10, 2017
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