
Las jóvenes Rosa Yamileth Zepeda Castro de 20 años y Ana Vitalina Aguiluz Granados de 23 años de edad, quedaron absueltas del delito de extorsión que se les acusaba, donde agentes de la PNC inventaron una entrega controlada de 5 mil dólares.
Por tal razón, Fiscalía General de la República (FGR), a través del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador abrió una investigación donde las victimas mencionaban que eran acusadas de forma injusta del delito de extorsión y que agentes procedieron a su captura con engaños.
En tal sentido, las familias de las dos mujeres acusadas de extorsión mencionaron que los agentes policiales mintieron con toda la información proporcionada ante este procedimiento de captura.
Donde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), también abogo por los derechos de las mujeres quienes eran injustamente procesadas del delito de extorsión, ya que en el informe de detención existían irregularidades donde se violo el derecho a la libertad personal y detención arbitraria por parte de las dos jóvenes mujeres.
Cabe mencionar, que Rosa Yamileth, una de las 2 jóvenes mujeres que estuvieron 16 meses en prisión preventiva; contaba con 7 semanas de embarazo, lo cual sufrió inconvenientes y riesgos en su embarazo; a tal grado que en una ocasión tuvo que ser trasladada para intervenirle y operarle de emergencia por un quiste sacro. Donde ella dijo que no tomaba toda la dosis completa de medicamentos después de dicha operación, por temor a perder a su bebé.
No obstante, tuvo que sufrir traslados de las bartolinas policiales a cárcel de Mujeres de Ilopango y también dos meses despues a la granja escuela del centro penal de Izalco, ya con 6 meses de embarazo, luego el pasado 7 de diciembre del año pasado fue trasladada al Hospital Nacional General “Dr. Jorge Mazzini Villacorta”, en Sonsonate, donde tuvo a su hijo por cesárea.
Despues de todo esto vivido, las jóvenes salieron absueltas de todo cargo el viernes 7 de julio del presente año. Donde ahora tanto Rosa Yamileth como Ana Victalina piden justicia a las autoridades por la detención arbitraria.
Cada una asegura, que aparte del desgaste emocional vivido por 16 meses, de su bolsillo salieron 10 mil dólares, entre comida, abogados y los viáticos de sus familiares para trasladarse a los centros penales. Asimismo, les indigna que los investigadores no hayan sido procesados.
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