Un juez federal de Estados Unidos dejó libre el camino para la extradición del excoronel salvadoreño, Inocente Orlando Montano Morales a España para que enfrente las acusaciones de que participó en la planeación de la matanza de seis sacerdotes jesuitas durante la guerra civil de El Salvador.

El juez Terrence Boyle determinó el lunes que una jueza de una instancia menor estuvo en lo correcto el año pasado al aprobar la extradición de Montano, quien está acusado de “asesinato terrorista” por los homicidios de los sacerdotes en 1989, la mayoría de los cuales eran españoles.

La abogada de derechos humanos, Patty Blum, que contribuyó a persuadir a las autoridades españolas para que enjuiciaran a Montano, aplaudió la decisión del juez.

“El gobierno de Estados Unidos tiene gran interés en cooperar con España en una acusación por asesinato terrorista”, dijo Blum, profesora de derecho de la Universidad de California, campus Berkeley.

Montana sirvió como viceministro de Seguridad Pública, Montano supervisó la Policía Nacional de El Salvador en la década de 80. El excoronel era parte de un círculo de oficiales militares acusados de tramar la matanza de los sacerdotes, quienes entonces impulsaban un diálogo de paz entre el gobierno de derecha y la guerrilla del FMLN.

Debido a la indignación que suscitó la matanza, el Congreso de Estados Unidos realizó una investigación que determinó que los miembros de la unidad del ejército salvadoreño que la perpetraron habían recibido adiestramiento de militares estadounidenses.

Montano negó su implicación en los hechos, pero la magistrada determinó que las pruebas presentadas por los fiscales estadounidenses mostraban que había participado en la planeación de la masacre.

El militar salvadoreño aún podría buscar detener su extradición si solicita a una Corte Federal de Apelaciones su intervención. Su abogado no se ha pronunciado al respecto.

De última hora se conoció que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó sin efecto las ordenes de capturas del resto de exmilitares implicados en la masacre, según dio a conocer una de los abogados de los acusado.

Dicho dictamen de la sala favorecería a los exmilitares:  Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinosa, Gonzalo Guevara, Óscar Mariano Amaya, José Alberto Sierra, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán, Héctor Ulises Cuenca y Óscar Alberto León Linares.

No obstante el único implicado que guarda prisión es el excoronel coronel Guillermo Benavides, quien fue condenado por el criben ocurrido durante la guerra civil.

La masacre ocurrió en el interior de la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por los jesuitas asesinados. Las víctimas fueron Ignacio Ellacuría, el rector del centro de estudios; Segundo Montes, Martín Baró, Juan Ramón Moreno, amando López y Joaquín López; este último salvadoreño.