Los imputados deberán pagar una fianza montearía y presentarse ante los tribunales cada 8 días.

El Juzgado 4° de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención provisional contra Reina Isabel Acosta empleada de la Policía Nacional Civil (PNC) acusada de limpiar antecedentes penales a cambio de grandes cantidades de dinero.

De igual forma la jueza ordenó medidas sustitutivas contra el abogado Edgardo Antonio Molina Morales por los delitos de soborno y estafa en perjuicio de la administración pública y de una víctima con régimen de protección. Así también para el comisionado Rolando Elías Julián Belloso a quien se le acusa de tenencia, portación o conducción de armas de guerra en perjuicio de la paz pública.

Las medidas establecidas son: presentarse al Juzgado 4° de Instrucción cada ocho días y no salir del país. Además la juzgadora les impuso una fianza económica de $5 mil a cada uno de los imputados, mientras no se haya hecho efectiva la fianza, en cualquier modalidad ya sea dinero efectivo o hipotecario, los imputados seguirán detenidos.

De acuerdo a Fiscalía General de la República (FGR) la investigación surgió a raíz de una denuncia interpuesta por una víctima con régimen de protección, quien relata que en noviembre del año 2016 sacó una solvencia de antecedentes penales en la cual le aparecía un delito el cual ya había cumplido la pena. Por tal motivo el 15 de noviembre de ese año se contactó con el abogado Molina quien le cobró 600 dólares para borrarle supuestamente permanentemente los antecedentes.

Es así que el 11 de enero del presente año la víctima junto al abogado se presentan a la delegación donde la imputada Acosta laboraba y ella le extendió la solvencia sin ningún antecedente. Pero el 22 de mayo la víctima solicitó otra solvencia para realizar un trámite y nuevamente le aparece el antecedente por lo que se acerca donde la imputada a reclamar y ésta le dice que en ningún momento le dijo al Lic. Molina que ya no le aparecería el antecedente.

Según declaraciones de Fiscalía la empleada policial viene cometiendo éste delito desde hace dos años, la forma en que operaba era que las personas que poseían antecedentes penales llegaban al lugar y les solicitaban se les borrasen, luego ella extendía las solvencias a cambio de recibir un pago económico de $300 a $600 dólares.

Además el ministerio público manifestó que hay varias personas afectadas pero que por el momento cuentan con cuatro denuncias. Y que para ello tienen prueba documental, pericial y testimonial que establecen que la señora Acosta extendía solvencias sin antecedentes penales a personas que las solicitaban así.