La jueza de la Audiencia Nacional de Madrid, Carmen Lamela decretó ayer prisión incondicional sin fianza para ocho miembros destituidos del gobierno de Cataluña por su rol en el proceso independentista de la región española.

La fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado más temprano que los ocho exfuncionarios del gobierno de Cataluña fuesen encarcelados.

Los miembros del gobierno catalán que fueron mandados a prisión son: el ex vicepresidente, Oriol Junqueras; el exconsejero del Interior, Joaquim Forn; el de Asuntos Exteriores, Raül Romeva; el de Justicia, Carles Mundó; el de Presidencia, Jordi Turull; el de Territorio, Josep Rull; y las de Gobernación y Trabajo, Meritxell Borrás y Dolors Bassa.

Para el ex conseller de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, los fiscales pidieron prisión eludible bajo fianza de 58 mil dólares. Vila renunció antes de que el Parlament votara la declaración de independencia el 27 de octubre.

Los nueve exconsejeros catalanes testificaron en la Audiencia Nacional este jueves tras ser acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

La reacción del gobierno de Mariano Rajoy se limitó a expresar que no comenta decisiones judiciales.

Tras conocerse la noticia, cientos de partidarios de la independencia se congregaron en los alrededores del Parlamento catalán en Barcelona para protestar contra el encarcelamiento de los políticos.

“Los manifestantes gritaban ‘no es justicia, es dictadura’ y ‘huelga general”, según fuentes oficiales.

La ausencia de Puigdemont

El cesado presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, que se encuentra en Bélgica, exigió la liberación de los exconsejeros en un discurso transmitido ayer en la televisión pública catalana TV3.

Dijo también que la situación en Cataluña “ya no es un asunto interno de España” y que la comunidad internacional, “especialmente la europea, debe darse cuenta del peligro que representan estas actitudes”.

“El gobierno español renuncia al diálogo y optar por la violencia policial del 1 de octubre y el encarcelamiento”, dijo y luego tildó la medida de “golpe contra las elecciones del 21-D”.

Horas antes, tanto Puigdemont como otros cuatro miembros del gobierno que están también en Bruselas desestimaron la citación de la instancia judicial española. Donde Puigdemont calificó la sesión en la Audiencia Nacional de “política”.

El jueves, la Justicia de España sopesaba emitir una orden de arresto para el sustituido líder por su rol en la celebración del referéndum que se llevó a cabo el 1 de octubre.

El expresidente catalán, expulsado de su cargo por el gobierno de España en virtud del artículo 155 de la Constitución española, también estaba llamado a declarar este jueves en condición de investigado.

Puigdemont está acusado de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.