Los diputados de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa con el fin de no caer en demandas de inconstitucionalidad al establecer una la ley que busque crear un registro de pandillas, recibieron el día de ayer al fiscal general de la República, Douglas Meléndez, quien les recomendó a los legisladores pedir un análisis a la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia.

El titular del Ministerio Público, detalló que a quienes se les incorpore en el registro se les estaría otorgando la categoría de delincuente o pandillero, por tal razón “hay que cuidar eso porque la persona puede optar en un momento determinado en interponer los recursos correspondientes como un amparo”, indicó el fiscal.

Meléndez manifestó que el registro tendría que pasar por un proceso minucioso para incorporar a una persona, principalmente porque se pretende publicarlo en el Diario Oficial.

“No es que yo esté en contra del registro como tal. Lo que estoy tratando de decir es que hay que cuidar esa figura para que no vaya a ser cuestionada el día de mañana en el orden constitucional”, agregó el fiscal general.

En ese sentido, Meléndez es de la ida que se debe evitar que el registro cuente con fallas para que luego no se den casos de demandas en contra de los aplicadores. “Por eso, nosotros pedimos que se le dé la última revisión de la mejor manera a esta disposición del registro”, solicitó.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, secundó que “ante todo, se debe ver la legalidad en la ley”. “Que esta ley no riña con otros derechos, con otras leyes secundarias, que sea compatible. Debe estudiarse, pero, ante todo, está la investigación del delito”, puntualizo el funcionario.

Cabe mencionar, que el diputado por parte de ARENA, Rodrigo Ávila, dijo que únicamente se publicarán los nombres de las agrupaciones, y no de personas.

Este tema continuará en las próximas semanas en estudio dentro de la comisión de Seguridad, donde se ha manifestado que otro impase que puede existir es que si el registro estará adscrito al Ministerio de Justicia, y por ende a la Policía Nacional Civil (PNC) o a la Fiscalía General.

Sobre eso Landaverde opinó que este debería ser administrado por la PNC, ya que esta institución ya cuenta con un sistema llamado “neurona”, donde registran a más de 60 mil personas, pero no todas son pandilleros.