Las y los diputados de la Asamblea Legislativa estudiarán una propuesta de reforma a la Ley Especial contra el Delito de Extorsión la cual fue presentada ayer ante el Congreso y busca como fin aumentar hasta 18 años de cárcel para personas que comentan dicho delito ya que actualmente es de 15 años.

Dicha iniciativa fue presenta por el presidente del primer Órgano del Estado y diputado por el partido GANA, Guillermo Gallegos, quien manifestó que la ley aprobada en el 2015, no incluye todas las acciones relativas a la extorsión, ya que a su criterio este delito es efectuado principalmente por miembros de pandillas.

La petición del legislador se da al mismo tiempo que la Sala de lo Constitucional acaba de sentar un precedente en el tema de las penas por el delito de extorsión, pues la Sala considera que la pena que actualmente está fijada en la ley -de 10 a 15 años de cárcel- no va en contra de la Constitución.

La propuesta de reforma como tal busca que se modifique el artículo 2 de la Ley de Especial contra el delito de Extorsión, para que la pena máxima sea de 18 años.

Siempre en el mismo artículo, los parlamentarios definirán si agregan que son parte del mismo delito los colaboradores, así como los que participen en la distribución ejecutiva, los que a través de sus cuentas realicen transferencias financieras producto de la extorsión y los que reciban algún tipo de bien producto de la misma actividad delictiva.

Otro de los artículos en los que se busca ampliar penas es el número 4 de esta normativa y establecer penas de cuatro a ocho años para quienes propongan y conspiren en los casos de extorsión agravada.

“La importancia de esta iniciativa es que se logrará que el pandillero no salga tan pronto de la cárcel por haber cometido delitos de extorsión… Hay que actuar firmes en el combate contra las pandillas y esta es una forma de hacerlo”, expresó Gallegos tras presentar dicha propuesta de reforma.

Cabe mencionar, que está medida ya cuenta con el apoyo de algunos diputados como Rodrigo Ávila, de ARENA, quien manifestó que esto serviría para hacerle frente a las pandillas.

Por su parte, el presidente de la comisión de seguridad y el diputado del PCN, Antonio Almendáriz, expresó que en primer momento le parece positivo, pero instó a que se haga el análisis pertinente.

Uno de los nuevos aspectos que contendría la reforma de aprobarse, sería quienes sean condenados por este delito no podrán acceder a ningún beneficio penitenciario. También, se pretende que la denuncia de la víctima de extorsión tenga el mismo valor en la vista pública, aunque el afectado no se haga presente para ratificarlo.