El miércoles, por medio del movimiento cívico Defensa Ciudadana por la Democracia (decide), se llevó a cabo el planteamiento de una reforma penal a la Asamblea Legislativa, que entre otros puntos propone una pena de cárcel para quienes anulen o se abstengan de votar.

Según lo propuesto, piden de cuatro a seis años a empleados públicos o funcionarios que por cualquier medio promuevan el abstencionismo o llamen a anular el voto.

La reforma, al artículo 295 del Código Penal, consiste en agregar 15 literales a dicho apartado. También incluye el castigo para quienes induzcan al voto, alteren actas de escrutinio, coloquen propaganda en fechas no autorizadas y hagan pactos con grupos criminales a fin de alterar las votaciones.

Dicha iniciativa tuvo el acompañamiento de las bancadas de ARENA y GANA. Por su parte, René Portillo Cuadra, del partido tricolor, sostuvo que “el fraude electoral es el cáncer que está comiendo la democracia de América Latina”, y agregó que “hay que disuadir, prevenir, pero sobre todo sancionar drásticamente a quienes hagan fraude electoral, a quienes se quieran burlar de la voluntad popular”.

Esta medida se presume fue impulsada por el llamado que hizo el Alcalde Nayib Bukele a anular el voto.