Sala impide la liberación de bienes del diputado Reynaldo Cardoza y su esposa

Nacionales Redacción SN

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este día una demanda amparo interpuesta por el Fiscal General de la República, Douglas Mélendez, en torno a la resolución de la Sala de lo Civil, que ordenó la liberación de los bienes del diputado del PCN Reynaldo Cardoza y su esposa.

En la demanda en titular de la Fiscalía General de la República (FGR) manifiesta que “la Sala de lo Civil concluyó que el juicio por enriquecimiento ilícito tiene como fundamento esencial que el funcionario haya administrado bienes de la Hacienda Pública y que sea mediante esa administración que su patrimonio se haya incrementado de acuerdo a la fecha de toma de posesión del cargo y el cese del mismo”.

“Así, solo en los casos de administración de bienes de la Hacienda Pública o municipal por parte del funcionario o empleado público enriquecido, puede instarse y ejercerse la acción de restitución por enriquecimiento sin justa causa”.

De acuerdo con Mélendez la resolución de la Sala de lo Civil produciría efectos jurídicos “graves y lesivos” para la seguridad jurídica y los intereses del Estado, pues se impide a la fiscalía tramitar el proceso de enriquecimiento ilícito cuando los funcionarios no administren o manejen fondos públicos, criterios subjetivos que carecen de fundamento legal o constitucional.

En la demanda el Fiscal General asegura que la Sala de lo Civil pretende cambiar las reglas previstas en lo relativo a la legitimación pasiva para ser demandados en los procesos de enriquecimiento ilícito, en la cual detalla que ahora solo podrán ser procesados por enriquecimiento ilícito, los funcionarios que administren fondos públicos.

La demanda fue admitida luego que los magistrados de la Sala de lo Constitucional consideraran que esta cumple con los requisitos para ser admitida.

Los magistrados ordenaron que mientras se tramita el proceso de amparo deberá suspenderse la liberación de los bienes del diputado y su esposa, que fueron caucionados en el proceso civil de enriquecimiento civil sin causa.

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