La Fiscalía General de la República a través de la Unidad de Patrimonio Privado en su sede de Santa Ana, logró la sentencia condenatoria de cinco miembros de la Pandilla 18.

Los imputados son Ricardo Vladimir Marroquín Barrientos, Edwin Osmel Urruela Martínez, Misael García Alemán, Luis Armando Salinas Rojas y Carlos Alfredo Aguilera Alemán, a quienes acusan por los delitos de Extorsión Agravada y Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación, delitos que perpetraron en el cantón La Magdalena, municipio de Chalchuapa, Santa Ana.

De acuerdo al informe de la Fiscalía, los hechos se desarrollaron el 27 de diciembre del 2017, en horas de la noche, cuando los sujetos llegaron al lugar donde se encontraba la víctima, quien los reconoció de inmediato, además de ellos se identificaron como miembros de la Pandilla 18, que opera en dicha jurisdicción. Estos le exigieron la entrega de $1,000, de lo contrario no podría continuar viviendo en dicho lugar.

Los imputados llegaron nuevamente, el 30 de diciembre del mismo año, para recoger la cantidad exigida. La víctima, identificada con clave “18”, al negarse entregar el dinero, por no poseer dicha cantidad, fue amenazada de muerte con arma de fuego y advertida de entregar el dinero en tres días.

Finalmente se llegó la fecha pero la víctima no pudo conceder lo solicitado, por lo que los pandilleros le advirtieron que debía desaparecer del lugar, de lo contrario regresarían para matarlo.

El 4 de enero, alrededor de las 8:00 de la noche, los sujetos volvieron y rodearon su casa, este al percatarse inmediatamente salió con su familia por la parte trasera de la vivienda y huyeron. Fueron perseguidos alrededor de cinco cuadras y se ocultaron en los cañales, luego de un tiempo lograron comunicarse con un familiar que los recogió donde se encontraban.

Posteriormente, el 5 de enero de 2018, los afectados solicitaron ayuda a la Policía para volver a la vivienda y recoger sus pertenencias; sin embargo, no volvieron a habitarla.

Debido a las pruebas recabadas todos fueron condenados a 28 años de prisión cada uno, 20 años por el delito de Extorsión Agravada y ocho por el de Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación, mediante la vista pública desarrollada el 19 de noviembre de 2018, en el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana.