El pasado viernes el gobierno municipal de Tijuana informó sobre el desalojo de los migrantes albergados en el deportivo “Benito Juárez” por razones de salubridad.

En ese albergue se encontraban refugiados 6.062 centroamericanos de las caravanas (3.877 hombres, 1.127 mujeres, 542 niños y 516 niñas) pero fueron desalojados por razones de salubridad.

Pero hasta este martes las autoridades a cargo del nuevo albergue que se encuentra bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Migración (INM) federal, solo contabilizaron 2,122 personas, y las municipales tenían ubicadas otras 744 en calles cercanas al primer albergue “Benito Juárez” y 144 más que se movieron a casas administradas por agrupaciones religiosas, sumando un total de 3,010.

Del resto de los migrantes, poco más de 3.000, “no se conoce su paradero”, según admitió el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor. Considerando asimismo la posibilidad de que muchos podrían estar en domicilios particulares, otros habrían cruzado ilegalmente a Estados Unidos y otros fueron detenidos o quizá aceptaron volver a su país.

Según el último corte oficial, 600 migrantes habían regresado –178 deportados y 409 que solicitaron retorno asistido–, informó el secretario general de Gobierno de Baja California, Francisco Rueda Gómez.