El Juzgado 9° de Instrucción de San Salvador, en procedimiento abreviado pactado previamente entre la Fiscalía General de la República y a defensa, condenó a dos años de cárcel a Ángela Iracema Avelar Salinas y a Elsa Coralia Ramírez, por los delitos de cohecho propio y prevaricato, respectivamente.

La exempleada de la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador fue acusada de filtrar información al expresidente Antonio Saca, del juicio civil que se ventila en dicha sede judicial por una demanda de enriquecimiento ilícito, por un monto de 3 millones 970 dólares.

Las autoridades contaban con escuchas telefónicas de la empleada y abogados.

La jueza Nora Montoya autorizó la salida alterna luego que las procesadas admitieran el delito en una audiencia especial por separado, esto luego de una negociación pactada entre las partes.

Avelar gozaba de medidas sustitutivas otorgadas por un juzgado de paz, hasta que una Cámara les revocó estas medidas y ordenó que se recapturara, mientras que Coralia Ramírez, estuvo aproximadamente 15 meses en calidad de rebelde, no obstante su abogado defensor y la Fiscalía pactaron el procedimiento abreviado. Ramírez laboró como secretaria de actuaciones en el Juzgado de Primera Instancia de Acajutla.

La “Operación Transes” es una investigación que diversas unidades fiscales realizaron para desarticular una red que supuestamente se dedicaba a sobornar para obtener información de diligencias judiciales. Entre los acusados hay exempleados del Órgano Judicial, judiciales y abogados.

La investigación se ha fundamentado con la declaración de informantes y para corroborarla se valieron de escuchas telefónicas, dispositivos de vigilancia y seguimiento a los imputados, además del trabajo de campo realizado por la policía.

No obstante, la condena a prisión fue reemplazada por trabajo de utilidad pública el cual será controlado por un Juzgado de Vigilancia Penitenciara.

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