En el Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador finalizó hoy la audiencia contra los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández, ambos acusados de los delitos de Administración Fraudulenta y Actos Arbitrarios.

Según el fiscal del caso, en la documentación que fue presentaba como prueba de sus delitos hay claras acciones que Rauda y Hernández cometieron fraude en su administración por más de $200 mil en pagos por servicio de inteligencia.

El pasado 30 de agosto rindieron su declaración cinco testigos, entre los que se encontraba la ex coordinadora de las tiendas institucionales de Centros Penales, quien narró que el dinero con el que trabajaban las tiendas no era público, debido a que era depositado por los familiares de los internos para poder comprar en los penales.

Asimismo, dijo que las ganancias de las tiendas se utilizaban para pago de bonificaciones a los empleados, pago de inteligencia y otros proyectos de infraestructura de los penales

También declaró que antes del 2015 no hubo ganancias en las tiendas penitenciarias, pero que luego del 2015 por unos ajustes administrativos que se realizaron, a petición del entonces director de Centro Penales, Rodil Hernández, se empezó a percibir ganancias en las tiendas.

También, rindió su declaración un perito del Ministerio de Hacienda, quien realizó un informe financiero entre el 2012 y 2014 de los fondos de las tiendas de los penales, relatando que ese dinero no podía ser auditado por Hacienda, debido a que no era fondo público con los que se manejaban.

“Se encontró que 3 millones 19 mil dólares había sido utilizados para pago de bonificaciones, sobresueldos y planilla de pagos, de la misma forma, se encontró que 200 mil dólares se había utilizado para el pago de inteligencia”, dijo.

De ser encontrados culpables, por el delito de Administración Fraudulenta podrían pasar entre 2 y 5 años en prisión, mientras que por el delito de Actos Arbitrarios, la pena oscila entre 1 y cuatro años de cárcel, más la pena de pérdida de todos los derechos y que no podrán ejercer ningún cargó público durante un período determinado.

Fiscalía pidió la pena máxima para ambos imputados. El juez programó dar el fallo el próximo 16 de septiembre a las 2:00 PM.