Fiscalía General de la República (FGR) presentó este viernes un requerimiento contra Sigifredo Ochoa Pérez, fungió como embajador de El Salvador en Honduras.

Ochoa Pérez fungió como embajador desde el 2005 hasta el 2009 y según la Fiscalía, durante su gestión habría cometido el delito de Peculado.

Las investigaciones apuntan a que Pérez habría suscrito contratos fraudulentos de arrendamiento para la sede diplomática y se quedaba con $800 mensuales.

Junto a él también son acusados Walter Alfredo Amaya Escalante, que fue Ministro Consejero de la sede diplomática, y la ciudadana hondureña Soledad Funes Donaire de Ramírez, por complicidad, ya que se encargaba de trasladar los $800 cada mes, desde el mes de junio de 2005 hasta enero de 2016.

El fiscal del caso explicó que desde 2005 se suscribieron dos contratos de arrendamiento, donde funcionaban la oficinas diplomáticas de la sede de El Salvador ante la República de Honduras, en los que existía una diferencia sustancial en los términos de acuerdo, uno era por 2,200 dólares y otro $3,000, cuya diferencia era pagada a los imputados.

Sin embargo, cuando Ochoa se retiró de la sede diplomática en 2009 el dinero siguió entregándose a la sede diplomática quien se lo entregaba a Soledad Funes Donaire para que posteriormente llegara hasta las manos de Ochoa Pérez. Hechos que continuaron dándose hasta el año 2016.

La investigación de la Fiscalía afirma que el gobierno ha erogado la cantidad de $107,920 en exceso, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Presentado el requerimiento ante el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador se procederá a anunciarlo ante los acusados para programar la audiencia inicial en dicho juzgado.

Las investigaciones determinaron irregularidades en en cánon de arrendamiento del inmueble por un monto total de US$107,920, fondos erogados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. pic.twitter.com/kU3YaUD7HG

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) December 20, 2019