Habitantes de diferentes comunidades del país, protestaron esta mañana en las afueras del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) para exigir al Gobierno el cumplimiento del decreto 289 de la reforma 505.

Las comunidades miembros de la Mesa Nacional de la Linea Férrea aseguran que este decreto les acredita la legalización de sus terrenos ubicados en la líneas férreas, pero que éstos no se han hecho efectivos.

Son al rededor de 300 familias las que son beneficiadas con este decreto pero que el Gobierno actual no ha dado continuidad a la legalización de terrenos. Son más de 9,714 familias las afectadas de las comunidades de Santa Ana, San Miguel, Usulutan, Cuscatlán y otros departamentos, quienes continúan a la espera de que sus terrenos sean legalizados.

Aseguran que de no ser escuchados se tomarán las calles para exigir su derecho a una vivienda digna.