Funcionarios y aliados del presidente Nayib Bukele, fueron incluidos en la lista de funcionarios centroamericanos de alto nivel que se cree “participaron en actos significativos de corrupción” mientras ejercieron un cargo público.

El listado habría salido a la luz el lunes luego que una copia del reporte fuera enviada a miembros del Congreso estadounidense, tras ser proporcionada a The Associated Press por un empleado demócrata bajo condición de anonimato porque no se ha hecho público.

En el listado aparecen cinco altos funcionarios, actuales y pasados, que se presume están vinculados “al cometimiento o facilitación de corrupción”. Entre ellos están:

• Carolina Recinos, jefa del gabinete de gobierno del Presidente Bukele.
• Rogelio Rivas, exministro de Seguridad y Justicia, que fue apartado del gobierno de Bukele en abril.
• José Luis Merino, alto dirigente del FMLN.
• Guillermo Gallegos, actual diputado del partido GANA.
• Y Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN, prófugo de la justicia salvadoreña.

Al respecto, el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que la lista de funcionarios y exfuncionarios salvadoreños señalados por corrupción no afectaría las relaciones laborales que se mantienen con Estados Unidos y que, por el contrario, en estos días han recibido más peticiones para que salvadoreños puedan ingresar a ese país para laborar por un tiempo determinado.

La lista más amplia divulgada también contenía los nombres de 12 políticos de Honduras y Guatemala acusados de corrupción o que se cree tienen lazos con organizaciones del narcotráfico. A diferencia de la mayoría de los hondureños y guatemaltecos señalados en el documento, ninguno de los salvadoreños ha sido acusado o sancionado en Estados Unidos, y su inclusión en la lista no parecía tener consecuencias legales inmediatas.

Aunque los nombres que han sido dados a conocer el lunes no forman parte de la famosa “Lista Engel”, es posible que estos puedan salir en esta esperada lista en su momento.

La Lista Engel obliga al Ejecutivo de ese país a informar al Congreso quiénes son los funcionarios corruptos o vinculados a violaciones a derechos humanos en el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).